La nueva mayoría congresual y su impacto en la defensa de las minorías

María del Pilar Hérnandez
Francisco Javier Pérez Gutiérrez

1 de agosto, 2018


La acción de inconstitucionalidad 

La elección federal 2017-2018 verificada el día 1 de julio de este 2018, arrojó resultados inéditos, al menos en la conformación de las colegisladoras. Cabe hacer mención que el resultado en la votación para el ejecutivo federal ya se esperaba, de un padrón electoral de 89 millones 332 031 ciudadanos y una lista nominal de 89 millones 123 355 electores, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia –JHH- se llevó un total de 24 millones 127 451 votos, equivalente al 52.9600% de la votación. 

La misma coalición JHH arrasó en escaños y curules, veamos los resultados generales de todos los contendientes por coalición y por partido:

 

La nueva conformación de las fuerzas partidarias ponen la alerta en un tema que, ya en 2016 los “morenistas” habían alertado (ver: iniciativa presentada por el diputado Juan Romero Tenorio a la fracción II del a. 105 de la CPEUM), en relación a la eventual ineficacia de una de las garantías jurisdiccionales en favor de las minorías congresuales, a saber: la acción de inconstitucionalidad. 

Los conocedores de la materia, saben quiénes son los sujetos legitimados y el porcentaje a satisfacer para el planteamiento de la acción abstracta de control de la constitucionalidad: a) legisladores; y b) 33% del total de los integrantes de las cámaras. Un porcentaje, afirmamos, por demás elevado: 167 diputados y, en su caso, 42 senadores; cifras inalcanzables que, de mantenerse la fracción II del 105 como está,  obligarán a los legisladores a un ejercicio de diálogo, negociación y acuerdo para, en la eventualidad, combatir una norma aprobada por la mayoría, al caso: MORENA.

La lógica de la acción de inconstitucionalidad es erigirse en una garantía sustantiva y procesal a las minorías políticas, necesarias en un contexto de sana crítica, control y contrapeso ante la opinión pública tanto de la gestión congresual, como del gobierno de la mayoría. El riesgo de no poder accionar en el ámbito de la jurisdicción constitucional, es el mismo que en tratándose de la aprobación de leyes ordinarias o, con la suma de unos cuantos legisladores, de la reforma constitucional: Hacer nugatoria la voz de los otros, aplastar la voluntad de las minorías. 

Propuesta: Revisados que fueron las experiencias en el derecho comparado, proponemos: reducir el porcentaje requerido para interponer la acción de inconstitucionalidad del 33% a un 10%, lo cual permitirá el actuar más consistente de los grupos parlamentarios al interior del propio Congreso y, sin lugar a duda, el mérito en la interposición de la acción. 

Solo por recordar, en la iniciativa del diputado morenista se proponía a los “grupos parlamentarios” como lo sujetos legitimados eliminando la previsión del porcentaje; no la consideramos lo suficientemente objetiva, al menos en el presente y futuro de la representación partidaria en el Congreso de la Unión, dado el número exiguo de integrantes de los grupos (v.gr. el PANAL que cuenta con 2 diputados y 2 senadores no alcanza el número de 5 legisladores necesarios para integrar un grupo parlamentario conforme a la LOCGEUM) y, más aún, exigiría una medida de caución para evitar la temeridad en el ejercicio de la acción. 

Corolario: El 1° de julio marca un hito en la historia patria, los cambios al orden jurídico nacional requieren de seriedad, mesura y alta dosis de conocimiento jurídico y racionalidad. 

Fuente: Congreso de la Unión LXIV Legislatura, México, Grupo Estrategia Política. Cabildeo y Consultoría Política, 2018; en igual sentido los resultados del PREP, página del Instituto Nacional Electoral, visible en: https://prep2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1 

*María del Pilar Hernández es Investigadora titular C, definitiva de tiempo completo, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

*Francisco Javier Pérez Gutiérrez es estudiante del octavo semestre, Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, Becario del XXVIII Verano de la Investigación Científica. 


Las opiniones son responsabilidad de quien suscribe.

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