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Crónica de las Elecciones Federales 2018
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El impacto de esta elección para el orden liberal mexicano

César Fernández

7 de marzo, 2018


Durante la campaña para las elecciones presidenciales en el año 2005, hubo diversas voces denunciando que el presidente Fox continuara con la lamentable tradición de influir en las elecciones desde su posición y usando a las instituciones del estado. 

Lo anterior se originó en los intentos del presidente panista para lograr el desafuero del candidato Andrés Manuel López Obrador. Todo el proceso electoral llevó a que, cuando el Tribunal Electoral confirmara su derrota, el entonces candidato del PRD exclamara: “que se vayan al diablo con sus instituciones.” 

Dos sexenios después, este uso faccioso y político de las instituciones mexicanas en diversos ámbitos continúa siendo la tradición del partido en el poder. Jesús Silva-Herzog analizó recientemente esta situación y explicó como lo que López Obrador ponía en duda con su exclamación es el ámbito de neutralidad de las instituciones, siendo esta la base del orden liberal. 

“Para la existencia de una democracia liberal que merezca ese título es indispensable contar con instancias de imparcialidad: reglas que permitan el juego de las alternativas, procedimientos que garanticen la vigencia de los derechos, árbitros que no lleven puesta la camiseta de uno de los equipos”, afirma Silva-Herzog. 

Estos últimos meses hemos visto como el Ejecutivo Federal, a través de la PGR, la Secretaría de Hacienda, y el CISEN, ha utilizado a estos árbitros, a estas instituciones y a estas reglas para atacar de manera directa al candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, y a sus aliados, como el gobernador panista por el estado de Chihuahua, Javier Corral.

Todos estos eventos nos demuestran que las instituciones del estado no tienen la imparcialidad necesaria para un verdadero orden liberal en México, que es al que se ha intentado aspirar desde la transición. Pero lo preocupante es la falta de soluciones propuestas por los candidatos a la presidencia.

José Antonio Meade es el mayor cómplice en este actuar de las instituciones del estado, al ser su partido el que lo está realizando, además de que en su Plataforma Electoral no se vislumbra ninguna propuesta clara de intervención ciudadana y/o despolitización de instituciones.

Andrés Manuel López Obrador no propone cambios en el sistema político como tal. Su mayor aportación al respecto recae en la sección de Gobierno Abierto de su Proyecto de Nación 2018-2024, con conclusiones preocupantes.

En su visión, la “ciudadanización” del gobierno acarrea una serie de problemas de coordinación y de nivel presupuestario, sobre todo por la proliferación de instituciones y de burocracia, así como solapamiento de atribuciones que lleva a confusiones constantes. 

Tomando en cuenta que, en efecto, el diseño de los órganos autónomos y de las instituciones ciudadanas tienen grandes deficiencias, el análisis es preocupante. Esto ocurre ya que en ningún momento se propone evitar que las instituciones del estado sufran el mismo uso faccioso y político de cada año. Más aún, parece que ciudadanizar las instituciones es más un problema que una solución. 

Por eso, su propuesta de dar mayor alcance a las consultas populares parece ser simplemente una medida improvisada que no busca atacar los problemas sistémicos de las instituciones del estado. 

Lo anterior ocurre porque, en su propuesta, únicamente se busca ampliar los temas a tocar en las consultas, pero manteniendo el rígido y restrictivo proceso donde la validez constitucional (determinada por la SCJN) o la vinculación de los resultados (es necesaria que la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal) son muy difíciles de conseguir. 

Por otra parte, en toda la sección de Gobierno Abierto no pretende ningún cambio legislativo, más allá del mencionado respecto a las consultas populares. Es decir, no existe un esfuerzo reformista alguno para evitar la situación actual y que se viene repitiendo cada sexenio respecto a las instituciones del estado. 

Ricardo Anaya, en cambio, sigue una línea democratizadora, buscando consensos de manera continua en la mayoría de la Plataforma Electoral de la Coalición, pero esta también es una solución equivocada.

El error de la búsqueda de consensos para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones recae en las diversas implicaciones del proceso. Ha habido diversos análisis de como la asignación de presupuesto en la Cámara de Diputados es el epítome del clientelismo, teniendo como resultado la casi unanimidad en la aprobación del presupuesto, pero después de un proceso de negociación y corrupción en la repartición de esos recursos. 

Imaginemos lo anterior, pero con la propuesta de ratificación del gabinete presidencial por el Congreso, como está estipulado en la Plataforma Electoral de la Coalición. Tendríamos a todo un gabinete aprobado con una mayoría contundente, pero con una serie de negociaciones y acuerdos por debajo de la mesa que no ayudaría a potenciar nuestra democracia como tal y mermaría el de por si bajo desempeño de las instituciones del estado. La corrupción y el clientelismo para otorgar la aprobación a uno u otro miembro del gabinete solo empeoraría la situación. 

Como ha analizado Roberto Gargarella, cada control constitucional, cada contrapeso, se ha vuelto un nicho de corrupción. Y en vez de que la separación de poderes lleve a que la ambición controle a la ambición, se genera un mal compuesto, una clase política que solo actúa para sí misma desde los Poderes de la Unión. 

Por otro lado, las designaciones tanto de ese posible futuro gabinete, tanto ahora con el Fiscal Anticorrupción, el Fiscal General o el Titular de la Auditoría Superior de la Federación, representa el gran problema de los consensos. No es sorpresa imaginar que cada partido intercambie sus votos, y la garantía de protección respecto a las facultades de esas instituciones, a otros partidos, a cambio de la designación de una de estas figuras, todo con el objetivo de protegerse entre ellos mismos.  Esta es la ejemplificación más clara del mal compuesto.

Las propuestas de los candidatos no pretenden rescatar el orden liberal del que habla Silva-Herzog. Debemos de notar la realidad política de que la búsqueda de consensos políticos para la conformación de las instituciones no va a rescatar a la democracia liberal. 

Una genuina democracia de esa naturaleza necesita no solo que los ciudadanos empujen por cambios y designaciones transparentes en las instituciones del estado, sino que se adueñen de ellas. 

Para ello, es necesario un fuerte Estado de Derecho que proteja los derechos civiles de los ciudadanos ante la amenaza reaccionaria de las instituciones facciosas del estado. 

El problema recae en que la protección de esos derechos corresponde a las mismas instituciones politizadas y nocivas, como es el caso de la PGR. Por eso, es vital seguir y apoyar a la sociedad civil en luchas tan importantes como el Sistema Nacional Anticorrupción y la Fiscalía General. 

El sistema político en México, la lógica clientelar emanada por este, sus actores principales y sus candidatos, seguirán siendo obstáculos para salvar al incipiente orden liberal mexicano, pero la ciudadanía es y será el factor decisivo en esta lucha política e institucional. 

Los partidos claramente no quieren reformar las instituciones, puesto que podrán hacer uso de ellas en el futuro, de la misma forma en que lo han hecho los partidos que han llegado al poder.

Con las elecciones aproximándose, debemos de estar atentos de las propuestas de reforma de las instituciones del estado. Sin una propuesta de ciudadanización efectiva, o si quiera de imparcialidad institucional, corremos el riesgo de que la historia se repita, y que nunca podamos pasar de una democracia electoral a una plena democracia liberal. 

*Centro de Estudios Alonso Lujambio, ITAM


Las opiniones son responsabilidad de quien suscribe.

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