¿Por qué urgen los reportes de gastos de campañas?
María Marván Laborde
22 de enero, 2018
Tanto en diciembre de 2017 como en enero de este año, hemos escuchado que en las sesiones de Consejo General del INE se exige a los candidatos y candidatas independientes, a los partidos, y a las coaliciones que entreguen cuentas de sus gastos de promoción política y que las entreguen a tiempo. Casi todos están desfasados.
Parte esencial del proceso de transición mexicano fue generar condiciones de equidad que permitiera a los partidos disputar de forma efectiva los puestos de elección popular. Legal y materialmente había que asegurar que más de una persona pudiese ganar.
Esta es la razón que fundamenta tres elementos esenciales de nuestro sistema electoral: primero, que los partidos reciban financiamiento público; segundo, que todas las campañas estén topadas a un máximo de dinero que se puede gastar; tercero y último, que la autoridad electoral esté obligada a fiscalizar los gastos de campaña para conocer el origen de los recursos económicos privados y así estar en condiciones de asegurar que nadie rebase los topes de campaña; es decir que prevalezcan condiciones equitativas.
La reforma electoral de 2014 recortó de manera muy importante los tiempos de fiscalización de la autoridad porque incluyó en la Constitución la anulación de una elección si se exceden los gastos de campaña, se comprueba que a ésta entraron recursos ilícitos o dinero del gobierno. La anulación de una elección debe hacerse antes de la toma de posesión. Hay fechas fatales que son inamovibles.
La única manera de poder cumplir con estas condiciones legales está en que los partidos y quienes compitan por cargos de elección popular reporten puntualmente sus gastos.
Candidatas y candidatos independientes deben reportar desde que tienen la condición de aspirantes, es decir desde el período en el que buscan el apoyo de la ciudadanía en la recolección de firmas. Ha habido retrasos importantes en la entrega de información de la mayoría de las y los independientes.
Las tres coaliciones, que agrupan a los nueve partidos nacionales optaron por la modalidad de precandidato único a la presidencia del país. Los tres precandidatos han hecho actos de proselitismo en el período de precampaña y la autoridad electoral ha denunciado en varias ocasiones que ninguno está subiendo al sistema sus reportes de gastos que en teoría, deberían hacerlo todos los días.
El Consejero Ciro Murayama ha dicho en Consejo General que los y las independientes que no entreguen cuentas en tiempo y forma no llegarán a la boleta, en pocas palabras que el requisito de conseguir más de 800 mil firmas es igualmente importante que el de reportar gastos. Es posible sacarlos de la contienda (o, para decirlo con mayor precisión, no dejar que entren a la misma) si incumplen con su obligación legal de reportar sus gastos.
Para los candidatos presidenciales de las coaliciones no parece haber una sanción tan severa. Normalmente el castigo es una multa y los equipos contables de los partidos hacen cálculos sobre la conveniencia de pagar multas y no entregar cuentas a tiempo.
El problema no es menor, si seguimos en 2018 con la triste costumbre del 2006 y 2012 en la que el segundo lugar impugna los resultados electorales y se pone como una de las causales el rebase de tope de campañas, la autoridad sólo puede confirmar o negar esta hipótesis si partidos, candidatos y coaliciones entregaron cuentas en tiempo y forma. Subir los gastos al sistema informático será la única manera de que el INE pueda fiscalizar.
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