Una propuesta corrupta sobre anticorrupción

México vive ya un proceso electoral inusual y preocupante. Las campañas (que todavía no se llaman campañas de acuerdo con la legislación vigente) repiten ideas deslucidas y propuestas poco atractivas. Los candidaturas (que todavía no son tales) son el producto de decisiones personales de sus liderazgos o de negociaciones cupulares pero no del juego democrático de las principales fuerzas políticas y sus militantes. Las autoridades electorales carecen de la credibilidad necesaria de acuerdo a las encuestas de opinión y emiten resoluciones que con frecuencia parecen favorecer a los partidos políticas lejos, de la claridad y contundencia que requiere la ciudadanía. Mientras que el INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral viven una tensión que dificulta la correcta aplicación de las normas electorales y convierten el proceso en un conjunto de largos procesos judiciales, la Fiscalía sufrió un descalabro por querer ejercer sus atribuciones de manera independiente al gobierno. 

 
Si esto no fuera ya un problema, el proceso electoral se desenvuelve además en el mismo clima de alta inseguridad y corrupción que ha marcado al país en los últimos años. Por esta razón, los partidos y sus “pre” candidatos se ven obligados a hablar de estos temas sin que en realidad tengan ninguna idea nueva o creativa para solucionarlos. En particular, el “pre”candidato José Antonio Meade es quizá quién paga el más alto costo de esta ambigüedad por representar al gobierno. Las tendencias de las últimas encuestas así lo demuestran.

 
El candidato de la coalición “Todos por México”, conformado por el PRI, el Verde y Nueva Alianza, se ve inmerso en los compromisos del propio gobierno del que proviene y de sus aliados de mala reputación. Con pocas excepciones, sus filas están compuestas de nombres que figuraron en los gobiernos de los últimos tres gobiernos. Nombres que no necesariamente son recordados por su ejemplar desempeño y buenos resultados, sino más bien por haber estado involucrados en las mas altas esferas de los grupúsculos que tomaron las decisiones.  Se trata del partido que busca una identidad propia pero sin los elementos para conseguirla. El propio candidato formó parte de esas administraciones, caracterizadas por los abusos, excesos, ineficacia y corrupción. Hoy sin embargo, intenta deslindarse de este pasado a través de la repetición constante de su preparación, su inteligencia, su honestidad y decencia.  Pero las palabras, por repetidas que sean, no bastan y el pasado lo encadena y hunde. 

 
Así, el pasado 24 de enero presentó sus “iniciativas anticorrupción”, que con el mismo método repiten hasta el cansancio los tres ejes que las articulan, sin que sea posible encontrar un documento que las explique a detalle y diga las maneras para hacerlo. El candidato oficialista (ya que su “pre” campaña la coordina otro cercanísimo colaborador del Presidente de la República) habló de ir a “fondo contra la corrupción y la impunidad” pero con los que siempre se ha dicho: Piensa recuperar el dinero, propiedades y bienes de los corruptos, aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos, y volver obligatoria la certificación patrimonial de altos funcionarios y legisladores.  No sólo se trata de elementos que ya existen, sino es posible agregar que como Secretario de Hacienda no hizo absolutamente nada para modificar el funcionamiento del órgano encargado de administrar los bienes enajenados, SAE, órgano sectorizado de esa secretaria, para mejorar los procesos de bienes incautados, embargados y confiscados a presuntos delincuentes. Hoy en día no existe una sola nota informativa sobre el destino que se le dio a los recursos materiales y financieros del Chapo, por ejemplo.    

 
La segunda propuesta, de aumentar las penas de los corruptos no es sino la vieja repetición de que los cambios en el texto de una ley van a tener efectos mágicos. Subir penas o amenazas no inhibe conductas. Lo que si produce resultados es aplicar la ley y aplicar las sanciones que la ley. Pero mientras la impunidad siga campante, podemos seguir poniendo penas que nada va a suceder puesto que nadie las va a sufrir. 

 
Y finalmente, el volver obligatoria la certificación patrimonial de altos funcionarios y legisladores ya existe. No sólo eso ya existen nuevas leyes y todo un Sistema Nacional Anticorrupción que no funciona por falta de un gobierno comprometido con la lucha en contra de la corrupción. Por ello hablar de la corrupción sin querer hacer nada al respecto, en realidad y desafortunadamente, es una propuesta éticamente corrupta que busca mantener las cosas como están, pero simulando un compromiso inexistente. O, acaso la foto del acto de presentación acompañado de varias figuras muy conocidas, ¿no nos dice lo mismo?