Es tiempo de elegir: elecciones, jueces y condenas por corrupción

En marzo próximo Rusia ira a elecciones presidenciales. Vladímir Putin, actual presidente y quien lleva años en el poder (2000, 2008, 2012), buscará la reelección (2018) como candidato independiente, en un país en donde existen cerca de 60 partidos políticos.  

Su principal opositor, Alexei Navalny, líder del Fondo de Lucha contra la Corrupción, no podrá postularse en las elecciones debido a que fue condenado a cinco años por malversación de fondos. Navalny surgió como una fuerza en la política rusa en 2008, cuando inició un blog y una campaña anticorrupción contra funcionarios cercanos al Kremlin. En 2013, se presentó a las elecciones para la alcaldía en Moscú y obtuvo una importante votación, ese mismo año se inició el primer juicio criminal en su contra. En diciembre de 2016, anunció que se presentaría a las elecciones presidenciales de 2018, entonces, se inició otro juicio; en febrero de 2017, el tribunal falló en su contra el segundo juicio que lo sentencia a cinco años por delito de malversación. Él sostiene que el enjuiciamiento es para mantenerlo fuera de la contienda electoral.

 
En otro caso, en Brasil, el principal oponente al actual gobierno, Luiz Inácio Lula da Silva tampoco podrá presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2018. La presidencia en ese país latinoamericano es disputada intensamente y alternada desde hace dos décadas por dos partidos: el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB). Desde el año 2014, la oposición de derecha PSDB “llevó a las calles a la clase media a partir de denuncias de corrupción” de gente involucrada con el PT, partido del ex presidente Lula da Silva quien en 2014 fue acusado oficialmente de corrupción. 

 
En enero de 2018, un tribunal de segunda instancia confirmó y aumentó la condena a Lula da Silva de 9 años y medio a 12 años. La sentencia también lo declara inelegible. Se le acusa de recibir un departamento en una playa de São Paulo como un soborno de la constructora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera pública Petrobras. En el expediente no hay pruebas de la titularidad de la propiedad a su favor o de que él o su familia la hubieren ocupado. La prueba más fuerte en su contra es la confesión premiada del expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro, quien desveló el acuerdo para regalar el departamento a Lula. 

En México las cosas son algo distintas para las elecciones presidenciales de julio de 2018. Es poco probable que veamos la expulsión de candidatos en los tribunales por condenas de corrupción, pues a diferencia de otros países que llevan algunos años con agencias anticorrupción en marcha, en nuestro país apenas existe el diseño normativo de un sistema nacional anticorrupción, y algunos de los cambios organizacionales que se requieren para transformar los procedimientos institucionales relacionados con responsabilidad por corrupción. La principal herramienta del sistema, esto es, la plataforma que concentrará las bases de datos con información de todo el país para develar o sustentar casos de corrupción a una mayor escala aún no empieza a construirse, y pese a que existen esfuerzos que apuntan en ese sentido su configuración no será ni rápida ni sencilla. 

 
Diego Valdés tiene razón cuando afirma, al referirse a la disposición discrecional del dinero público, que la corrupción está carcomiendo lo que habíamos avanzado en materia de libertades políticas, porque además de ser dueños del voto debemos serlo del destino de nuestros recursos. 

 
Con ello o pese a ello, es de esperar que las campañas harán de la corrupción una bandera, ya sea para descalificar a rivales o para prometer avances de ganar las elecciones.