A los 101 años de la Constitución: reformar sin crucifixión

El próximo cinco de febrero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 101 años de haber sido decretada.

En esta centuria, la Constitución experimentó 706 cambios, 427 de los cuales, es decir, casi dos terceras partes del total, se realizaron después de 1976. En materia electoral, el capítulo primero del título segundo, De la soberanía nacional y la forma de gobierno tuvo 13 reformas, dos al artículo 40 y once al 41, de las cuales, ocho se hicieron en este siglo y el resto después de 1976 pero todavía en la centuria pasada. El artículo 41 constitucional, que ordena nuestro sistema electoral, contaba con apenas 63 palabras en su versión original, misma que permaneció intacta 60 años; tras la reforma de López Portillo, en 1977, pasó a 213 palabras y en su versión actual, consta de 4,061 palabras, lo que multiplica por más de 60 la original. De los últimos siete sexenios, en cinco se ha reformado el artículo 41 constitucional, y tras elecciones competidas e impugnadas, como lo fueron las de 1988, 2006 y 2012, se ha tramitado al menos una reforma electoral con la que no sólo se ajustan las reglas del juego, sino también las de integración de la autoridad en la materia y a sus integrantes. Junto a las reformas legales se instituyó una regla informal.

La modificación de las reglas constitucionales en cuestión electoral de los últimos años, en particular cuando presenciamos elecciones competidas e impugnadas, introduce en la dinámica de la confrontación electoral, no sólo rivalidades partidistas, en política pública y liderazgo, sino también en torno a las normas y a la autoridad electoral. Y si reglas y árbitro se cambian cada vez que una partida se completa de forma controvertida, es razonable suponer que los jugadores asignarán menos valor a las reglas y al árbitro que si contarán con la certeza de su inamovilidad, al tiempo que utilizarán estratégicamente el recurso de la impugnación para lograr normas y autoridades más favorables en la siguiente confrontación.

Es difícil atribuir al cambio constitucional en materia electoral una sola motivación y dirección. La primera reforma, la de 1977, claramente buscaba construir un sistema de partidos y propiciar la competencia limitada en el acceso al poder público. Los cambios de 1990 sentaron las bases del sistema de autoridades electorales independientes, apuntalado con las sucesivas transformaciones de 1993 y 1994, pero es la reforma constitucional de 1996, que surge de un acuerdo tripartito, la que termina de darle forma al sistema electoral contemporáneo. Los cambios de 2007 ya no parecen responder al impulso de apertura de treinta años atrás, sino al poder del perdedor de la contienda presidencial pasada que reclama ajustes precisos, estimando que lográndolos, será más competitivo. Una dinámica semejante fue la que prevaleció en las reformas de 2014.

Una expectativa natural para cualquiera de los contendientes en la actual sucesión presidencial, es que para el próximo año sino es que para finales de este mismo, se negociarán nuevos cambios, para lo cual, cada actor no sólo utilizará la fuerza legislativa de que disponga, sino su potencial para legitimar, o no, el resultado electoral inmediato anterior. ¿Podremos romper esta lógica?

Cambios legales, incluso constitucionales, serán inevitables pues hay omisiones, errores y contradicciones en las actuales reglas, suponiendo incluso un veredicto positivo de los hechos tras las elecciones más complejas en la historia del país. Sin embargo, lo que debiera debatirse antes de emprender una reingeniería, profunda o limitada, es la manera de volverla en contra del ciclo de incertidumbre en reglas y autoridades, lo que significaría una detenida y profunda discusión, y de preferencia un acuerdo multipartidario, que prohije una reforma que dure lo suficiente para cambiar la lógica litigiosa de los actores políticos, enterrando por un buen tiempo la regla informal de que después de una elección controvertida, formulamos nuevas reglas asociadas a la crucifixión del árbitro anterior.