En el tramo final de las precampañas

En las precampañas electorales de 2018 ha dominado la presencia de precandidatos únicos por parte de las principales fuerzas políticas. Prácticamente todos los espacios abiertos para la selección de candidatos han sido ocupados por aspirantes que, a diferencia de comicios de años pasados, ahora no están inmersos en una contienda interna, sino que recorren un camino bastante más allanado. 

 
Pareciera, a simple vista, que los procesos internos de selección de candidatos no están expuestos a un riesgo de impugnación, pues buena parte de las candidaturas se encuentran perfiladas de tiempo atrás y ahora sólo se está cursando la precampaña como una etapa formal, establecida en la ley, pero sin mucha disputa política. 

 
En el tramo final de las precampañas, sin embargo, es importante saber que ciertas obligaciones legales persisten a cargo de partidos y precandidatos, aun cuando el procedimiento interno de selección consista en encuestas o en designaciones directas de los órganos directivos de los institutos políticos. 

En esta modalidad de precampañas frías, existen topes de gasto que deben ser respetados y persiste la obligación de presentar al INE los informes de ingresos y egresos. Además, deben evitarse los actos anticipados de campaña, es decir, dirigir la propaganda política al electorado en general para hacerle un llamado expreso al voto. 

Todo ello con la finalidad de que prevalezca la equidad en la contienda política y se evite una ventaja indebida en el proceso electoral.

 
La ley indica que incumplir con tales deberes implica el riesgo de perder la candidatura. Esto significa que si los precandidatos rebasan el tope de gasto, si son omisos en la presentación de sus informes financieros o si incurren en actos anticipados de campaña, podrían ser sancionados con la cancelación de su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. Estas son decisiones que competerán al INE, a los OPLE, a los tribunales electorales locales y al tribunal federal.

 
Nos encaminamos así a la primera etapa de alta concentración impugnativa en los comicios de 2018: las precampañas darán como resultado la designación de los candidatos; y como consecuencia de ello, quienes estimen tener mejor derecho a ser postulados, recurrirán a las autoridades electorales en busca de alcanzar esa finalidad. 

 
Estamos en la antesala de la fase jurisdiccional en donde los aspirantes litigarán por el derecho a que su nombre ocupe un lugar en la boleta electoral el próximo primero de julio.